Sector politico
El diseño de políticas públicas en America Latina adolece de escasa profundidad estratégica e insuficiente perspectiva de largo plazo. Ello limita la posibilidad de aprovechar oportunidades o contener riesgos a tiempo. Numerosos países desarrollados de Europa y Asia han fortalecido estas capacidades. America Latina puede ganar conociendo y participando activamente en estos análisis.
La conciencia ciudadana también se acrecentaría exponencialmente. Esto se debería a que el analfabetismo ha bajado: según la UNESCO, la población mundial alfabetizada pasaría del 84% en 2010 al 90% en 2030. Se están igualando los niveles educativos entre hombres y mujeres y se prevé un marcado aumento de la demanda de educación superior. El uso de Internet ha registrado un crecimiento exponencial: se calcula que en 2012, aunque con amplias diferencias según la región, tenían acceso a la red 2.400 millones de personas (un 34% de la población mundial). En América del Norte, esta cifra llegó al 79% (273 millones); en Europa, al 63% (518 millones); en América Latina, al 43% (273 millones), y en Asia, al 28% (1.076 millones).
La gigantesca capacidad computacional, las tecnologías inalámbricas, las diversas plataformas, la movilidad y la disminución de los precios permitirán reducir aceleradamente la brecha digital entre países y dentro de ellos. Si se mantiene la tendencia actual, los escenarios optimistas estiman que la penetración digital podría acercarse al 90% en 2030.
La defensa y promoción de los derechos políticos no dejará de hacerse sentir. La mujer asumirá mayor presencia y liderazgo y los pueblos indígenas exigirán igualdad y dignidad.
Las instituciones democráticas deberán adaptarse a estos nuevos retos. Las nuevas generaciones tendrán mayor conciencia de sus derechos y mayor capacidad de exigir su cumplimiento. Las expectativas se transmitirán rápidamente. Habrá una mayor demanda de bienes públicos en lo que respecta a medio ambiente, educación, salud de calidad, ciudades amables y equilibrio entre regiones. La libertad y la democracia serán las aspiraciones dominantes de las próximas décadas.
El empoderamiento ciudadano se amplificará con el desarrollo concomitante de las clases medias, que elevarán sus demandas de participación y bienestar, con el consecuente desafío a la gobernabilidad actual. Si los países pobres con alto crecimiento poblacional, Estados frágiles y escasez de recursos no promueven el crecimiento y la creación de empleos, podrían gestarse situaciones de inestabilidad para las aspiraciones democráticas.
Es difícil avizorar los efectos sobre las formas de gobernar. Las transformaciones podrían acontecer en forma gradual y pacífica, o bien de manera abrupta y dislocada. Las reformas deberían tener por objeto fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, institucionalizar canales participativos que complementen los procedimientos de la democracia representativa y reforzar la descentralización y el poder local a fin de facilitar la gobernabilidad y crear sistemas más flexibles, con mayor capacidad de autorregulación. De otro modo, la demanda de mayor autonomía y la movilización social podrían desbordar los cauces institucionales.
La gestión democrática de esta complejidad requerirá Estados que posean los recursos y atribuciones necesarios y el personal idóneo, capaces de ejercer funciones regulatorias que limiten los abusos y promuevan un desarrollo productivo competitivo y sostenible, con protecciones sociales. Los aparatos públicos de los países latinoamericanos deberán estar a la altura de los desafíos en ciernes, pues estos no se podrán encarar con órganos ineficientes, opacos, clientelistas y, menos aun, corruptos. Si el Estado y los partidos políticos no se reforman, podría instalarse una persistente ingobernabilidad y el consiguiente debilitamiento de la democracia. A los desafíos de la gobernabilidad nacional se agregarán los problemas mundiales en esa materia. En la medida en que el poder se halle más disperso, el mundo se expondrá a situaciones de fragmentación, menor gobernabilidad y mayores posibilidades de conflictos.
La multipolaridad sumada a la multiplicación de Estados independientes será una factor que requerirá de mayor poder de coordinación global. En 2013 hubo casi cuatro veces más Estados que en 1945 y crecio el número de leyes internacionales y tratados para regular procesos globales. En otros períodos históricos, la falta de un poder hegemónico y la existencia de varios poderes nacionales de magnitud similar han elevado los riesgos de conflicto. Si las alianzas son frágiles y no existe un poder coordinado que haga cumplir los acuerdos, se podrían agravar los problemas. Una multipolaridad sin cooperación dejaría espacio para organizaciones delictivas internacionales y grupos terroristas capaces de emplear ataques electrónicos y elementos o armas químicas, biológicas o nucleares. Podrían incluso organizarse “gobiernos virtuales” sin localización territorial fija, pero capaces de amenazar y propinar golpes a países y entidades. A fin de evitar los escenarios indeseables, sería necesario promover la cooperación entre Estados y afirmar las instituciones supranacionales con acuerdos amplios y democráticos. El liderazgo es clave. Los países necesitarán formar líderes con capacidad de escuchar, persuadir y coordinar a nivel nacional e internacional con miras a la profundización de la democracia. Un mundo mejor será aquel donde los gobiernos sean capaces de promover la cooperación y reducir la violencia. En ese sentido, América Latina podría desempeñar un papel más activo en el futuro.